La realización de las pruebas de evaluación de diagnóstico para todo el alumnado de 4º de Primaria y 2º de ESO los pasados días 7, 8 y 9 de mayo ha suscitado un profundo malestar en la comunidad educativa. La Junta de Personal Docente no Universitario quiere expresar su preocupación por la carga burocrática adicional que estas pruebas representan para el profesorado, así como cuestionar su eficacia e inoportunidad en el contexto educativo actual.
El profesorado, ya sobrecargado de tareas, ve cómo estas pruebas añaden una nueva capa de trabajo administrativo, desviando recursos y tiempo de lo verdaderamente importante: la enseñanza. La preparación de las pruebas, su corrección y el posterior análisis de los resultados consumen recursos valiosos que podrían emplearse de manera más provechosa en actividades de apoyo directo al alumnado.
La posterior introducción de datos en el sistema informático, también ha demostrado la inutilidad de la prueba, y ha hecho que el profesorado actúe como meros burócratas, que introducen datos, sin opciones de una evaluación sobre las pruebas. Si esto va a ser siempre así, pensamos que es mejor que todo el proceso lo realice la empresa externa que se encarga de elaborar las pruebas, o que se ahorren el dinero de estas pruebas y nos dejen seguir con nuestro trabajo, ya que nosotros conocemos bien cómo evaluar a nuestro alumnado.
Otra cuestión que queremos poner sobre la mesa es que estas pruebas estandarizadas no tienen en cuenta la diversidad de contextos educativos, ni el conocimiento profundo que el profesorado tiene sobre su alumnado. La realidad es que los docentes conocen a sus estudiantes, saben cuáles son sus necesidades y cómo abordarlas de manera efectiva. Las pruebas de diagnóstico, al ser externas al proceso educativo diario, no reflejan esta realidad y, por lo tanto, su utilidad queda en entredicho.
En lugar de concentrarse en el aprendizaje significativo y profundo, estas pruebas podrían desviar la atención hacia la mera preparación para superarlas, sacrificando así la calidad de la enseñanza. El profesorado se puede ver forzado a ajustar sus prácticas pedagógicas para cumplir con los requisitos de las pruebas, en lugar de adaptarlas a las necesidades reales de sus estudiantes.
La realización de estas pruebas en pleno tercer trimestre ha interrumpido el ritmo del proceso educativo, generando estrés y distracción tanto en docentes como en alumnos. En lugar de promover un ambiente propicio para el aprendizaje, estas pruebas imponen una presión adicional en un momento en el que los esfuerzos deberían centrarse en consolidar los conocimientos y habilidades adquiridas.
Cabe destacar también la falta de rigor de las pruebas: errores significativos en la prueba de matemáticas de primaria, audio de baja calidad en la prueba de lengua de secundaria, hasta nueve errores en la prueba de Inglés de secundaria, problemas en las pruebas que se hacían con ordenador, y discrepancias con los saberes que pretenden medir en relación a lo que se desarrolla en el currículo. Además, se han evidenciado errores de diseño a la hora de introducir los datos en el sistema, así como cuestiones relacionadas con los tiempos requeridos para realizar las pruebas, tanto en exceso como por defecto.
El resultado de estas evaluaciones no supone ningún compromiso por parte de la Consejería, sino que serán los centros los que tendrán que tener en cuenta el resultado de estas evaluaciones en el diseño de sus planes de mejora, sin tener ningún apoyo de la administración ni la posibilidad de aumentar sus recursos, ni materiales ni humanos.
La Junta de Personal Docente no Universitario insta a la Consejería a considerar estas pruebas y derivar los recursos en cuestiones que son prioritarias y demandadas por la comunidad educativa.
