Nota de prensa de la Junta de Personal Docente no Universitario de la provincia de Almería
La Junta de Personal Docente no Universitario desea manifestar, una vez más, su preocupación por la manera en que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional gestiona las denominadas pruebas de evaluación de diagnóstico, que este curso se realizarán del 13 al 16 de mayo en todos los centros educativos andaluces con alumnado de 4º de Primaria y 2º de ESO.
Lejos de ser una herramienta útil para mejorar el sistema educativo, estas pruebas vuelven a estar marcadas por una planificación deficiente y una falta total de repercusión práctica como ya ocurrió el curso pasado.
En primer lugar, denunciamos la improcedencia de las fechas elegidas para su realización, que coinciden con un momento de gran carga organizativa en los centros: el tercer trimestre, con evaluaciones decisivas para el alumnado, y en el caso de los centros de secundaria, coincidiendo directamente con el final del 2º curso del Bachillerato, una etapa que requiere una atención especial y una planificación muy precisa. Este solapamiento genera tensiones innecesarias en la organización interna de los centros, compromete el funcionamiento de los equipos docentes y provoca un impacto directo en la calidad del acompañamiento al alumnado en momentos clave del curso. Además demuestra que las decisiones que se toman en la Consejería no se hacen pensando en los centro educativos.
En segundo lugar, señalamos la falta de rigor con la que se elaboran y aplican estas pruebas. Pese a las modificaciones anunciadas por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que incluyen modelos de pruebas adaptados y la incorporación de informes individualizados para parte del alumnado con necesidades específicas, seguimos observando los mismos problemas de fondo que ya denunciamos el curso pasado:
La carga burocrática asociada a la aplicación, corrección, análisis e introducción de resultados recae casi exclusivamente sobre el profesorado, en un contexto ya de por sí saturado de tareas administrativas.
El papel del docente se reduce al de mero intermediario para introducir datos en una plataforma, sin espacio para la reflexión crítica ni para tomar decisiones pedagógicas sobre el diseño de las pruebas.
Las pruebas siguen desvinculadas del día a día del aula, no tienen en cuenta la diversidad real del alumnado ni el conocimiento que tiene el profesorado sobre sus estudiantes.
Lo más preocupante es que estas pruebas no tienen ninguna consecuencia real ni van acompañadas de medidas concretas para los centros. Los resultados no implican compromisos por parte de la administración ni se traducen en refuerzos educativos, apoyos específicos, ni en un aumento de recursos. Simplemente se pide a los centros que los tengan en cuenta para sus planes de mejora, sin ofrecerles medios para llevarlos a cabo.
Por tanto, más allá de que supongan una carga adicional de trabajo, lo que denunciamos con firmeza es que estamos ante una evaluación mal diseñada, mal organizada y completamente inútil desde el punto de vista pedagógico. Si no se toman decisiones con base en sus resultados, si no hay retorno para el alumnado ni para los equipos docentes, ¿para qué se realizan?
Rechazamos que se siga destinando una inversión considerable de dinero público a un modelo de evaluación que ni mejora la calidad educativa ni responde a las verdaderas necesidades de los centros, que sirve más como un gesto de propaganda que como una herramienta de transformación real.
Exigimos a la Consejería que reconsidere el modelo actual de evaluación de diagnóstico y que priorice la inversión en medidas realmente útiles para el alumnado y el profesorado: refuerzos educativos, bajada de ratios, apoyo a la inclusión, y reducción de la carga burocrática.