Comunicado de la Junta de Personal Docente no Universitario de la provincia de Almería en solidaridad con la comunidad educativa afectada por la DANA

Desde la Junta de Personal Docente no Universitario, queremos expresar nuestra más sincera solidaridad y apoyo a toda la comunidad educativa que ha sido afectada por los efectos de la reciente Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en nuestra provincia. Sabemos que estos días han sido difíciles para el alumnado, sus familias, y el personal de los centros de las zonas afectadas, y entendemos las preocupaciones y el estrés adicionales que estas condiciones pueden causar.

En estos momentos, hacemos un llamamiento a los responsables de emergencias para que, ante fenómenos meteorológicos de tal magnitud, consideren una revisión de los protocolos y criterios actuales de actuación. Nos parece fundamental evaluar con un enfoque preventivo la suspensión de clases y actividades, cuando el sentido común y la seguridad lo aconsejan, en lugar de mantener criterios que, hasta el momento, no siempre garantizan el bienestar de nuestra comunidad educativa.

No solo se trata de garantizar la seguridad durante el día de la emergencia, sino también de reconocer que las consecuencias se extienden a los días posteriores, pudiendo afectar al acceso a los centros educativos y al desarrollo normal de la actividad académica. Desde la Junta de Personal Docente no Universitario, solicitamos que las autoridades competentes, junto con la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, trabajen en la elaboración de directrices claras y efectivas que permitan decisiones rápidas y orientadas a proteger a toda la comunidad educativa. También queremos aprovechar para solicitar una revisión de los motivos justificados de ausencias, y poder favorecer que los docentes afectados puedan atender los problemas derivados de estos fenómenos. 

Agradecemos a todos los profesionales y familias su compromiso en estos momentos de dificultad, y reiteramos nuestro apoyo y disposición para trabajar en soluciones que beneficien a toda la comunidad educativa.

Fdo.: Junta de Personal Docente no Universitario de la provincia de Almería.

Nota de Protesta a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional

Junta de Personal Docente no Universitario

A/A del Director General de Recursos Humanos de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

La Junta de Personal Docente no universitario de la provincia de Almería, como representantes de los docentes, queremos expresar nuestra profunda preocupación y disconformidad respecto a la regulación de la parte B.1. establecida en la Orden de 12 de diciembre de 2022, específicamente a las condiciones de evaluación establecidas para los tribunales y explicadas en las reuniones que se han llevado a cabo con los presidentes y presidentas de los mismos.

En esas reuniones se les ha trasladado a los presidentes y presidentas que tendrán que evaluar a 12 opositores por día, esto consideramos que es un problema que pasamos a desgranar a continuación:

1. Carga horaria excesiva para los tribunales: Las instrucciones recibidas establecen que cada tribunal deberá evaluar a 12 personas por día, dedicando 30 minutos a la exposición oral y hasta 15 minutos al debate por cada aspirante. Esto supone un total de hasta 45 minutos por aspirante, lo que se traduce en un máximo de 9 horas de evaluación continuada por jornada (45 minutos x 12 aspirantes = 540 minutos, es decir, 9 horas). Este tiempo supera el límite razonable de una jornada laboral de 8 horas, sin considerar las pausas para la entrada y salida de los opositores, la posibilidad de descansar, hidratarse y alimentarse.

2. Atención mermada y desigualdad en la evaluación: La prolongada jornada de evaluación afectará negativamente la capacidad de los miembros del tribunal para mantener una atención eficaz y constante a lo largo del día. Esta situación puede perjudicar la calidad de la evaluación, generando desigualdades significativas entre los aspirantes que expongan al principio del día, quienes recibirán una mayor atención, y aquellos que lo hagan al final de la jornada, cuando los miembros de los tribunales estarán fatigados.

3. Derechos laborales de los miembros del tribunal: Los miembros de los tribunales tienen derecho a un descanso adecuado para comer y a no superar una jornada laboral de 8 horas, conforme a la normativa laboral vigente. La exigencia de evaluar a 12 aspirantes diarios no contempla estos derechos fundamentales, poniendo en riesgo tanto la salud de los evaluadores como la equidad del proceso selectivo.

La Junta de Personal le preocupa esta decisión y creemos que estamos a tiempo de arreglar esta situación, para ello proponemos los siguientes cambios:

1. Reducción del número de aspirantes evaluados por día: Sugerimos reducir el número de aspirantes evaluados por día a un máximo de 8, permitiendo así que cada evaluación sea realizada con la debida atención y en conformidad con una jornada laboral estándar. Esto permitiría dedicar 6 horas a la evaluación directa (8 aspirantes x 45 minutos = 360 minutos) y disponer de tiempo suficiente para preparación, descansos y alimentación.

2. Distribución equitativa del tiempo: Proponemos que se establezcan una jornada que permita el descanso suficiente para poder almorzar, incluso con la posibilidad de una pausa de unos minutos entre la exposición de un aspirante y otro, garantizando así que los miembros del tribunal puedan mantener una atención constante y efectiva para todos los aspirantes. Esto también contribuiría a reducir la fatiga y mejorar la calidad de la evaluación.

3. Asegurar el cumplimiento de derechos laborales: Instamos a la Consejería a garantizar que los miembros de los tribunales no excedan las 8 horas de trabajo diario, respetando su derecho a descansos y alimentación adecuada. Este ajuste no solo protege la salud de los miembros del tribunal, sino que también promueve un entorno de evaluación y calificación, más justo y equitativo para los aspirantes.

Solicitamos que la Consejería de Educación considere estos puntos y adopte las modificaciones propuestas, asegurando así un proceso selectivo más justo, eficiente y respetuoso con los derechos laborales de los miembros del tribunal y las expectativas de los opositores y opositoras.

Aumento de la carga burocrática y cuestionamiento de las pruebas de diagnóstico en la educación primaria y secundaria

La realización de las pruebas de evaluación de diagnóstico para todo el alumnado de 4º de Primaria y 2º de ESO los pasados días 7, 8 y 9 de mayo ha suscitado un profundo malestar en la comunidad educativa. La Junta de Personal Docente no Universitario quiere expresar su preocupación por la carga burocrática adicional que estas pruebas representan para el profesorado, así como cuestionar su eficacia e inoportunidad en el contexto educativo actual.

El profesorado, ya sobrecargado de tareas, ve cómo estas pruebas añaden una nueva capa de trabajo administrativo, desviando recursos y tiempo de lo verdaderamente importante: la enseñanza. La preparación de las pruebas, su corrección y el posterior análisis de los resultados consumen recursos valiosos que podrían emplearse de manera más provechosa en actividades de apoyo directo al alumnado.

La posterior introducción de datos en el sistema informático, también ha demostrado la inutilidad de la prueba, y ha hecho que el profesorado actúe como meros burócratas, que introducen datos, sin opciones de una evaluación sobre las pruebas. Si esto va a ser siempre así, pensamos que es mejor que todo el proceso lo realice la empresa externa que se encarga de elaborar las pruebas, o que se ahorren el dinero de estas pruebas y nos dejen seguir con nuestro trabajo, ya que nosotros conocemos bien cómo evaluar a nuestro alumnado.

Otra cuestión que queremos poner sobre la mesa es que estas pruebas estandarizadas no tienen en cuenta la diversidad de contextos educativos, ni el conocimiento profundo que el profesorado tiene sobre su alumnado. La realidad es que los docentes conocen a sus estudiantes, saben cuáles son sus necesidades y cómo abordarlas de manera efectiva. Las pruebas de diagnóstico, al ser externas al proceso educativo diario, no reflejan esta realidad y, por lo tanto, su utilidad queda en entredicho.

En lugar de concentrarse en el aprendizaje significativo y profundo, estas pruebas podrían desviar la atención hacia la mera preparación para superarlas, sacrificando así la calidad de la enseñanza. El profesorado se puede ver forzado a ajustar sus prácticas pedagógicas para cumplir con los requisitos de las pruebas, en lugar de adaptarlas a las necesidades reales de sus estudiantes.

La realización de estas pruebas en pleno tercer trimestre ha interrumpido el ritmo del proceso educativo, generando estrés y distracción tanto en docentes como en alumnos. En lugar de promover un ambiente propicio para el aprendizaje, estas pruebas imponen una presión adicional en un momento en el que los esfuerzos deberían centrarse en consolidar los conocimientos y habilidades adquiridas.

Cabe destacar también la falta de rigor de las pruebas: errores significativos en la prueba de matemáticas de primaria, audio de baja calidad en la prueba de lengua de secundaria, hasta nueve errores en la prueba de Inglés de secundaria, problemas en las pruebas que se hacían con ordenador, y discrepancias con los saberes que pretenden medir en relación a lo que se desarrolla en el currículo. Además, se han evidenciado errores de diseño a la hora de introducir los datos en el sistema, así como cuestiones relacionadas con los tiempos requeridos para realizar las pruebas, tanto en exceso como por defecto.

El resultado de estas evaluaciones no supone ningún compromiso por parte de la Consejería, sino que serán los centros los que tendrán que tener en cuenta el resultado de estas evaluaciones en el diseño de sus planes de mejora, sin tener ningún apoyo de la administración ni la posibilidad de aumentar sus recursos, ni materiales ni humanos.

La Junta de Personal Docente no Universitario insta a la Consejería a considerar estas pruebas y derivar los recursos en cuestiones que son prioritarias y demandadas por la comunidad educativa.

La Junta de Personal Docente no universitaria de la provincia de Almería reclama una solución para el CEIP San Valentin y para la falta de plazas en los colegios de La Vega de Acá

La Junta de Personal Docente no universitaria de la provincia de Almería recuerda que lleva más de dos años reclamando la construcción de un colegio en La Vega de Acá y una solución para la falta de espacio en los centros educativos de la zona.

Desde hace tiempo, la Junta de Personal ha estado advirtiendo sobre las deficiencias en las infraestructuras de algunos centros educativos en la provincia de Almería. La clausura, hace más de dos años, del CEIP San Valentín debido a problemas estructurales fue una muestra de la gravedad de la situación. Esta situación no solo afectó a los docentes y las familias del CEIP San Valentín, si no que ha derivado en un problema para toda la comunidad educativa de la zona.

La falta de inversión en mantenimiento y nuevas infraestructuras ha sido una constante preocupación, especialmente en los centros de educación infantil y primaria, que dependen de los ayuntamientos y suelen enfrentar mayores dificultades en este sentido.

La Junta de Personal Docente considera incongruente la falta de coordinación entre las diferentes administraciones, lo que resulta en una respuesta inadecuada a las necesidades de los centros educativos. Tanto la Consejería como los Ayuntamientos deben velar por el buen funcionamiento y mantenimiento de los centros públicos, pero las decisiones suelen tomarse de manera tardía y deficiente.

Se prometió la construcción de un nuevo centro educativo en la Vega de Acá para albergar al alumnado del CEIP San Valentín, sin embargo, más de dos años después, no se ha avanzado en este proyecto. Según el Ayuntamiento de Almería, los terrenos fueron puestos a disposición de la Consejería, pero la falta de un nuevo centro está generando problemas, los docentes del CEIP San Valentín siguen desplazados y las familias tienen dificultades para encontrar plazas para el próximo curso.

La Junta de Personal Docente insta a las autoridades pertinentes a tomar medidas urgentes para resolver esta situación. Es fundamental que se acelere la construcción de un nuevo CEIP en la Vega de Acá, para el cual se dispone de los terrenos, pero cuya obra aún no se ha iniciado. Además, se debe estudiar la ampliación de los colegios de la zona, en una o dos unidades para dar respuesta a la demanda creciente de plazas escolares.

También solicitamos que el Ayuntamiento de Almería se preocupe del mantenimiento adecuado de los centros escolares de la capital, ya que en muchos de ellos se detectan deficiencias, que después derivan en problemas más graves.

La Junta de Personal Docente siempre estará atenta para garantizar que los docentes puedan desarrollar su trabajo en centros que cumplan con las condiciones que marca la normativa, y seguirá denunciado la falta de mantenimiento y mejora de los centros educativos, exigiendo una pronta solución a estos problemas, que afectan directamente a las condiciones laborales de los docentes de la capital y de toda la provincia.

¿Qué piensa hacer la Consejería con los ciclos de formación profesional el uno de septiembre?

 20240418 Nota de prensa: Formación profesional a partir del uno de septiembre

La Junta de Personal Docente no universitario de la provincia de Almería quiere llamar la atención y denunciar la falta de acción y claridad por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, en relación con los ciclos de formación profesional. Es fundamental destacar que la responsabilidad de la Consejería no solo radica en implementar los cambios normativos generales, sino también en desarrollar una normativa específica que se adapte a las necesidades y realidades de nuestra comunidad.

La formación profesional es un pilar esencial en la preparación de las personas para el mercado laboral, y en este sentido, los recientes cambios normativos, que supuestamente, buscan mejorar y adaptar esta formación a las demandas cambiantes, no hacen más que alejarse de la realidad, pensando que todo el tejido productivo es homogéneo y que el mismo será capaz de acoger a todo el alumnado de formación profesional en los periodos de prácticas que se proponen en el Real Decreto y en los borradores de Órdenes. 

Surge la pregunta: ¿Qué pasará si no hay empresas dispuestas a acoger al alumnado en prácticas? Esta situación podría comprometer gravemente la formación de los estudiantes. 

Asimismo, cabe cuestionar: ¿Por qué el profesorado tiene que hacer la tarea de un comercial para buscar empresas cuando ya está sumido en mucha burocracia que dificulta el desarrollo de su labor docente? Esta carga adicional sobre el profesorado podría afectar negativamente la calidad de la enseñanza.

La inacción de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Andalucía en el desarrollo de una normativa específica plantea serias dudas sobre su compromiso con la educación y el futuro de nuestros estudiantes. No está teniendo en cuenta las particularidades de nuestra comunidad, y menos aún las de nuestra provincia. No está contando con la opinión del profesorado que conoce muy bien el funcionamiento de la formación profesional y las dificultades que entraña encontrar empresas para realizar prácticas. No está definiendo el currículo, con lo que eso representa, y más teniendo en cuenta que el curso que viene hay que empezar a implantar la nueva formación profesional, que incluye cambios de horas en varios módulos y la implantación de nuevos módulos. No aclara cómo quedarán las plantillas del profesorado una vez que se implante la formación profesional en todos los centros.

La ausencia de una normativa clara y específica para Andalucía crea incertidumbre y deja a estudiantes, profesorado y empresas en un limbo regulatorio. Esta falta de planificación y previsión por parte de la Consejería afectará directamente a la calidad de la enseñanza y a la preparación de nuestros estudiantes para el mercado laboral. La falta de acción no solo es inaceptable, sino que también pone en riesgo el futuro de miles de estudiantes. No aclara las nuevas funciones que debe asumir el profesorado y pone en peligro el buen funcionamiento de nuestros centros de formación profesional.

La Junta de Personal Docente no universitario hace un llamamiento a la Consejería de Educación de Andalucía para que cumpla con su deber y publique una normativa específica lo antes posible, aunque teniendo en cuenta las fechas en las que estamos lo más lógico sería aplicar una moratoria en nuestra comunidad, para poder aplicar los cambios de forma ordenada y bien pensada.

Nota de apoyo a la comunidad educativa del I.E.S. Celia Viñas

 Nota de apoyo a la comunidad educativa del I.E.S. Celia Viñas

Desde la Junta de Personal Docente no Universitario de la provincia de Almería, queremos hacer llegar nuestro apoyo a la Comunidad Educativa del I.E.S. Celia Viñas de Almería, ante los hechos acontecidos en estas semanas y que consideramos muy graves.

La Junta de Personal se pone a disposición de los docentes del Centro, y quiere manifestar su rechazo a este tipo de actos, además de mostrar nuestra preocupación porque este tipo de hechos se siguen repitiendo.

Consideramos que es labor de todos mantener un clima de convivencia adecuado en los centros educativos que permita a los docentes realizar su labor educativa en un clima de respeto y convivencia.

Instamos a toda la comunidad educativa y a la Administración, para que los centros educativos sean lugares de convivencia, y donde el trabajo de los docentes sea valorado.

Esperamos una pronta recuperación del alumno herido, y enviamos un mensaje de apoyo a nuestros compañeros y compañeras que trabajan cada día para que en el Instituto se pueda conseguir una educación de calidad en un entorno de convivencia y respeto mutuo.

Reclamación ante la falta de concreción de la instrucción de la Consejería de Educación sobre el uso de móviles en centros educativos

 

Reclamación ante la falta de concreción de la instrucción de la Consejería de Educación sobre el uso de móviles en centros educativos

La Junta de Personal Docente no universitario de la provincia de Almería acuerda expresar su firme preocupación y descontento en relación con la instrucción de 4 de diciembre de 2023 de la Viceconsejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional sobre determinados aspectos para la regulación del uso de los teléfonos móviles en los centros educativos dependientes de la consejería de desarrollo educativo y formación profesional.

La instrucción, desde nuestro punto de vista, no solo carece de la contundencia necesaria para abordar los persistentes problemas de conflictividad y ciberbullying en las aulas, sino que también resulta insuficiente en cuanto a su alcance legal al tratarse simplemente de una instrucción y no de una norma de mayor rango.

Consideramos inaceptable que la responsabilidad sobre la regulación del uso de los móviles recaiga principalmente en los centros educativos, dejando a los docentes en una posición comprometida y sin un respaldo normativo sólido. Exigimos una norma más clara y restrictiva que imponga límites claros y contundentes sobre el uso de dispositivos móviles en las aulas, que no traspase al profesorado el problema del mal uso de los móviles en los centros educativos.

En las instrucciones se habla de “programas formativos específicos dirigidos a los docentes andaluces y equipos directivos sobre la educación en seguridad y privacidad digital”. En principio, toda formación siempre es bienvenida, pero la mayoría de los docentes ya estamos capacitados y formados, por tanto, consideramos este apartado de la instrucción una vuelta de tuerca más en la carga de trabajo que tienen los docente para, de esta forma, trasladarnos la responsabilidad única de manejar estos problemas sin el respaldo y la autoridad necesarios.

Desde la Junta de Personal consideramos necesario que se dote al profesorado y a los centros educativos de la autoridad necesaria para garantizar la aplicación efectiva de cualquier normativa que se establezca. Los docentes no deben enfrentarse diariamente a situaciones difíciles sin el respaldo jurídico adecuado para mantener la convivencia en las aulas. Asimismo solicitamos que las instrucciones sean modificadas, de tal manera que dejen claro el ámbito de actuación y las restricciones del uso del móvil en los centros educativos.

Esperamos una respuesta clara y acciones concretas por parte de la Consejería de Educación para abordar estas preocupaciones y mejorar las condiciones en las que nuestros docentes realizan su labor diaria.